El Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco tiene entre sus objetivos el impulso del mercado del alquiler a precios asequibles y la incorporación al arrendamiento del mayor número posible de viviendas de titularidad privada. Además, considera necesario incrementar las posibilidades de acceso al mercado del alquiler de personas con rentas medias. Con este motivo, la consejería dirigida por Iñaki Arriola ha aprobado el Decreto regulador del Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre (ASAP) que mejora las condiciones del anterior, vigente desde 2012.

El programa ASAP está dirigido a personas inscritas en Etxebide con ingresos comprendidos entre los 15.000 y los 39.000 euros y se desarrolla por medio de una red de intermediarios homologados públicos (Alokabide, Bidebi, Sestao Berri…) y privados (agencias inmobiliarias y similares) que actúan como agentes colaboradores del Gobierno Vasco, publicitando las viviendas incorporadas a la iniciativa en la web del programa y recibiendo las solicitudes de las personas de Etxebide interesadas en acceder a ellas.

Las rentas de las viviendas se establecen dependiendo de las características de la misma y de su ubicación. En este sentido, el nuevo decreto de ASAP incrementa las rentas máximas a pagar a las personas arrendadoras, que se sitúan en 750 euros, si la vivienda se encuentra en las tres capitales vascas; 650 euros para aquellas que pertenecen a áreas metropolitanas, municipios intermedios y municipios de más de 10.000 habitantes y 600 euros para las del resto de municipios.  En el anterior decreto las rentas máximas eran de 650 para San Sebastián, 600 para Bilbao y Vitoria-Gasteiz, 550 para las áreas metropolitanas, 475 para municipios intermedios y 400 para el resto.

También se incrementa el nivel de ingresos de las personas que pueden optar al programa que pasa de 12.000 a 15.000 euros anuales, con un límite superior de 39.000 euros.

“Lo que hemos hecho es actualizar los niveles de renta para dar una respuesta específica a inquilinos de renta media inscritos en las listas de Etxebide, que demandan una vivienda de alquiler y no obtienen respuesta a través del programa Bizigune, centrado en niveles de ingresos más bajos”, ha señalado el consejero Arriola, quien ha añadido “que en ningún caso las personas inquilinas podrán destinar más del 30% de sus ingresos al pago del arrendamiento”.

Además, el Departamento de Vivienda establece en el Decreto un sistema de garantías para las personas arrendadoras a cambio de que la renta se mantengan dentro de unos límites asequibles. Entre ellas se encuentra el cobro del alquiler de hasta 20 mensualidades en el caso de impagos, en el anterior decreto el número de máximo de meses se situaba en 14, así como la defensa jurídica (hasta 3.600 euros) y la reparación de desperfectos en las viviendas derivados de daños vandálicos (hasta 4.000 euros con franquicia de 300 euros). Los capitales asegurados para este fin por el Gobierno Vasco por vivienda son de 80.000 euros (continente), 10.000 euros (contenido), 601.020 euros (responsabilidad civil) y hasta 3.500 euros por daños estéticos.